Después de que el fallo de La Haya de 2012 dejara bajo jurisdicción de Nicaragua cerca de 75.000 km² de mar donde históricamente han pescado sus comunidades, el pueblo raizal ha buscado nuevas formas de representación. La reciente creación de una confederación de pueblos del Caribe abre otro camino para defender sus derechos territoriales y culturales.
Ponentes y asistentes al Simposio en las instalaciones de INVEMAR. Foto: Víctor Blanco – Invemar.
Los pescadores artesanales son un motor de la economía para las comunidades del caribe. Foto: archivo Unimedios.
Duván Ramírez Zamora, investigador de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien habló sobre los retos que tienen las comunidades raizales en el caribe. Foto: Víctor Blanco – Invemar.
Raúl Román, profesor de la UNAL Sede Caribe, quien hace parte del Instituto de Estudios del Caribe, y recordó la historia del Archipiélago a lo largo de los años. Foto: Víctor Blanco – Invemar.
Justo Cuño, profesor de la Universidad Pablo de Olavide (España). Foto: Víctor Blanco – Invemar.
El pueblo raizal aún tiene consignas que no han sido escuchadas por los gobiernos del Caribe. Foto: archivo Unimedios.
Asistentes al Simposio “Fronteras líquidas y economías del mar en el Gran Caribe”. Foto: Víctor Blanco – Invemar.
Ponentes y asistentes al Simposio en las instalaciones de INVEMAR. Foto: Víctor Blanco – Invemar.
Los pescadores artesanales son un motor de la economía para las comunidades del caribe. Foto: archivo Unimedios.
La conformación de esta organización y los desafíos que enfrenta el pueblo raizal fueron analizados por Duván Ramírez Zamora, investigador de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), durante el simposio “Fronteras líquidas y economías del mar en el Gran Caribe”, realizado en Santa Marta.
Los raizales son un pueblo étnico afrocaribeño originario del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con una identidad cultural, histórica y lingüística propia. Hablan creole, una lengua criolla de base inglesa con influencias africanas y caribeñas, y mantienen una estrecha relación con el mar, del que dependen buena parte de sus actividades económicas y tradiciones.
Según Ramírez, docente de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, desde 2008 representantes de este pueblo habían solicitado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) participar de manera independiente en el litigio territorial entre Colombia y Nicaragua. Sin embargo, el tribunal solo escuchó a los dos Estados, sin darles representación propia a las comunidades directamente afectadas por sus decisiones.
“Nosotros ya sabemos que los silencios no ocurren, sino que se producen”, afirmó el investigador Ramírez, para quien el reconocimiento de la soberanía colombiana sobre el archipiélago por parte de la Corte se sustentó en la presencia política y militar del Estado, y no en la ocupación histórica de esas aguas por un pueblo cuya vida y cultura están ligadas al mar.
La importancia de esa relación se refleja en la pesca artesanal. Según el investigador, la mayoría de quienes se dedican a esta actividad en el archipiélago son raizales, pese a que este pueblo representa menos de la mitad de la población de las islas.
Muchos de esos pescadores viajan a bancos de pesca que están a unos 100 km de distancia, como Serrana y Quitasueño, en busca de langosta y caracol pala. Su conocimiento de estas aguas es tan antiguo que incluso tienen nombres propios en creole para identificar las corrientes, los vientos y los bancos de pesca.
Aunque la Constitución de 1991, en su artículo 310, y la Ley 47 de 1993 establecieron medidas para proteger la identidad cultural de los pueblos nativos del archipiélago, el reconocimiento jurídico no se tradujo necesariamente en mejores condiciones de vida para los raizales, según el investigador.
El profesor Ramírez explicó cómo la paradiplomacia, entendida como las gestiones internacionales que adelantan comunidades y actores distintos de los Estados para defender sus intereses, se ha convertido en una herramienta para los pueblos del Gran Caribe:Play
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Un siglo de decisiones transforma la vida del pueblo raizal
El experto Ramírez explicó que desde 1912, cuando se creó la Intendencia de San Andrés y Providencia, se impuso en las islas una “colombianización” basada en el idioma español, la religión católica, la llegada dirigida de población del continente y el despojo de tierras.
A estas transformaciones políticas y culturales se sumaron cambios económicos que modificaron profundamente la vida de los habitantes del archipiélago. En 1953, la declaratoria de puerto libre cambió la economía de las islas. El archipiélago dejó de ser exportador de coco, un negocio en el que los nativos eran dueños de los medios de producción, y se convirtió en un centro turístico y comercial manejado desde el continente.
Según el investigador, en los años 1990 los raizales solo tenían el 13 % de los empleos de las islas, y eran los más precarios y peor pagados.
La Constitución de 1991, en su artículo 310, y la Ley 47 de 1993 protegieron la identidad de los pueblos nativos del archipiélago. Sin embargo, para el investigador ese reconocimiento fue limitado, porque no cambió las condiciones materiales del pueblo raizal.
El profesor Raúl Román Romero, director del Instituto de Estudios Caribeños de la UNAL, también abordó los antecedentes de estas políticas y recordó que, durante la década de 1930, desde el Congreso se propuso fortalecer la presencia del Estado colombiano en las islas mediante una estrategia educativa.
Esta consistía en ofrecer becas y programas para llevar a jóvenes isleños al continente, formarlos como maestros y lograr que regresaran a enseñar los valores patrios, una iniciativa que buscaba afianzar la identidad nacional en el archipiélago.
Con respecto al simposio, el historiador Román, destacó:Play
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Raizales abren nuevos caminos para defender sus derechos
Después del fallo de 2012, las comunidades raizales comenzaron a buscar espacios internacionales en los que pudieran presentar directamente sus demandas. Acudieron al Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y al sistema interamericano de derechos humanos. “Es una paradiplomacia raizal”, dijo el investigador.
Dichos esfuerzos también permitieron que, años después, representantes del pueblo raizal participaran en el propio proceso judicial ante La Haya, aunque como integrantes de la delegación colombiana. En 2021, Ken Francis habló ante los jueces como parte del equipo de defensa colombiano, y en 2022 Elizabeth Taylor se convirtió en la primera coagente raizal de ese equipo.
La Corte no reconoció los derechos de pesca ancestral que Colombia reclamaba para el pueblo raizal. Aun así, el politólogo Ramírez lo considera un avance. “simbólicamente podemos decir que es una conquista, porque el pueblo raizal ya estaba en los archivos, en los expedientes de la Corte Internacional”.
La búsqueda de representación dio un nuevo paso el 1 de agosto de 2026, Día de la Emancipación en San Andrés, cuando delegaciones raizales, miskitas, creoles, garífunas y afrodescendientes de Panamá, Costa Rica y El Salvador firmaron los estatutos de la Confederación de Pueblos del Caribe Occidental.
Esta iniciativa busca articular a comunidades que comparten vínculos históricos, culturales y territoriales, y fortalecer su participación en las decisiones que afectan al Caribe. La Confederación ya tiene una secretaría general y un plan de trabajo, y su próxima cumbre será a finales de 2026 en Bocas del Toro, Panamá.
“Ya no estamos en el estrado, sino en mesas de diálogo”, resumió Ramírez, quien considera que el siguiente desafío será lograr que esta organización tenga representación propia en escenarios internacionales como la Asociación de Estados del Caribe, la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Cartagena también reclamó un mayor protagonismo en el Caribe
La discusión sobre quiénes han tenido el poder de decidir sobre el Caribe no se limita a la historia reciente del archipiélago. Durante la época colonial, Cartagena también intentó convertirse en un centro de decisiones políticas para la región, pero sus solicitudes fueron rechazadas por la Corona española.
El historiador Justo Cuño Bonito, profesor de la Universidad Pablo de Olavide (España), explicó durante el simposio que los gobernadores de Cartagena solicitaron en varias ocasiones al rey de España crear un virreinato del Caribe con sede en la ciudad. La primera petición fue del gobernador Pedro Zapata de Mendoza, hacia 1650. Después la repitieron José Daza y Guzmán, en 1675, y José de Zúñiga y la Cerda, en 1713.
En 1717, cuando la Corona creó el Virreinato de la Nueva Granada, Cartagena envió una delegación para pedir otra vez la capital. Según el historiador Germán Colmenares, citado por el profesor Cuño, ese virreinato habría incluido Caracas, Cumaná, Margarita, Trinidad, La Española, Tierra Firme, Panamá y Bermudas.
La propuesta tenía razones geográficas, militares y económicas. Cartagena estaba más cerca de La Habana o Santo Domingo que de Santa Fe, y su ubicación permitía responder con mayor rapidez a las amenazas de otras potencias europeas, sin tener que esperar órdenes desde el interior. A ello se sumaban las ventajas comerciales de su conexión marítima, pues, según el profesor Cuño, resultaba más barato traer harina de Estados Unidos que de Tunja.
Para el profesor Cuño, los cartageneros tenían la lógica de su lado. “aunque ellos tenían la razón, no tenían la capacidad de decidir. Si la historia hubiera sido otra, quizás podríamos haber tenido dos repúblicas, una hacia el interior andino y otra hacia el espacio caribe”.
Esta mirada histórica permite comprender cómo las tensiones entre los territorios caribeños y los centros de poder político se remontan a varios siglos. El profesor Cuño profundizó en estas relaciones durante una entrevista concedida a Radio UNAL.Play
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Las tres ponencias recorrieron más de tres siglos de decisiones sobre el Caribe colombiano tomadas lejos de él. Madrid descartó a Cartagena como capital en 1717. Desde 1912, el Gobierno nacional mandó intendentes del interior a gobernar el archipiélago. Y en 2012, en La Haya, se trazó una nueva frontera sin escuchar a quienes pescan en esas aguas.
Para el investigador Ramírez, la creación de la Confederación de Pueblos del Caribe Occidental representa un cambio en esa historia, pues muestra cómo las propias comunidades están construyendo espacios de diálogo y representación para buscar soluciones a problemas que los Estados no han logrado resolver.
El simposio, organizado por el Instituto de Estudios Caribeños de la UNAL, forma parte del encuentro académico “De la Ínsula al Continente”, que se desarrolla hasta el 16 de octubre.


