Ante la información que ha circulado en diferentes plataformas digitales y
espacios no oficiales relacionada con la operación, el mantenimiento y la
continuidad de proyectos de infraestructura vial bajo el modelo
concesionado en la región Caribe, la Cámara Colombiana de la
Infraestructura (CCI) Seccional Norte, como gremio que promueve y
respalda el desarrollo de infraestructura estratégica para la competitividad
y la conectividad regional, se permite emitir el presente comunicado con el
fin de aclarar a la opinión pública las situaciones recientes asociadas a la
operación de peajes en la región.
En este contexto, consideramos necesario referirnos de manera puntual a
dos situaciones distintas que han sido abordadas de forma imprecisa y
conjunta, generando confusión: la liquidación anticipada del contrato de
concesión de Autopistas del Caribe y las afirmaciones circulantes sobre la
supuesta eliminación del peaje de Tasajera en la vía Ciénaga–Barranquilla, a
cargo de la concesión Sierra Mar.
En primera medida, nos referimos a la liquidación del contrato de concesión
del proyecto Autopistas del Caribe, una vía de carácter nacional
concesionada por el Estado a través de la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI), bajo un esquema de inversión privada. Este modelo
establece que los recursos para la construcción, operación y mantenimiento
de la vía provienen, principalmente, del capital privado, sin aportes directos
de recursos públicos, y se financian mediante el recaudo de peajes.
Durante la ejecución del proyecto, la concesión enfrentó diversas
situaciones que impidieron su desarrollo conforme a lo previsto
contractualmente. Entre ellas, la imposibilidad de avanzar en la puesta en
operación de la caseta de peaje de Turbaco y la no apertura de otros peajes
contemplados en el proyecto, como consecuencia de manifestaciones y
conflictos sociales presentados en el territorio. Estas circunstancias
afectaron de manera directa la viabilidad financiera del proyecto y
derivaron, lamentablemente, en la liquidación anticipada del contrato de
concesión.
Tras la liquidación del contrato, la vía pasará a ser asumida por el Instituto
Nacional de Vías (Invías), entidad estatal responsable de la administración
de la red vial nacional y encargada de garantizar la operación y el
mantenimiento de este importante corredor logístico de la región. Desde la
CCI Seccional Norte hemos manifestado nuestras preocupaciones frente a
este escenario, coincidiendo con distintos actores del sector que reconocen
el valor del modelo concesionado como herramienta fundamental para el
desarrollo de infraestructura de alto nivel en el país. Estas preocupaciones
se centran principalmente en la capacidad del Estado para asumir de manera
eficiente la operación y el mantenimiento de la infraestructura, en un
contexto de desfinanciación estructural del sector transporte.
En segunda medida, consideramos necesario aclarar la información sobre la
vía Ciénaga–Barranquilla, operada por la concesión Sierra Mar. Esta es una
concesión departamental, cuyo contrato fue otorgado por la Gobernación
del Magdalena y no depende ni de la ANI ni de Invías; por lo tanto, las
decisiones de estas entidades de orden nacional no comprometen la
construcción, operación ni mantenimiento de este corredor. La información
que ha circulado sobre el supuesto desmonte del peaje de Tasajera es FALSA,
como lo ha manifestado públicamente la Gobernación del Magdalena y como
lo confirma y ratifica la CCI en este comunicado.
La concesión Sierra Mar opera bajo un esquema independiente de
financiación, construcción y operación, que garantiza la prestación del
servicio, la conservación de la infraestructura y la seguridad vial de los
usuarios. Los peajes continúan siendo instrumentos esenciales para
financiar estas obligaciones contractuales, y la difusión de información
descontextualizada puede afectar la confianza en este modelo de
concesiones y la percepción sobre la estabilidad de la infraestructura en la
región Caribe.
Por lo anterior, desde la CCI Seccional Norte rechazamos tajantemente los
ataques malintencionados dirigidos al modelo concesionado, los cuales
debilitan su funcionamiento y la confianza de los inversionistas en el sector,
poniendo en riesgo el desarrollo de infraestructura estratégica para la
competitividad y conectividad regional.
